El Centro Democrático radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca otorgarle al presidente Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias durante seis meses para reorganizar la estructura de la Administración Pública. La iniciativa permitiría al mandatario fusionar, modificar o eliminar ministerios y otras entidades del Ejecutivo, con el argumento de reducir duplicidades, racionalizar el gasto de funcionamiento y avanzar en una política de austeridad. Sus autores plantean como meta un ahorro equivalente al 2 % del PIB, cerca de 42 billones de pesos.
El proyecto también establece límites: las facultades no aplicarían al Banco de la República, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales ni otras entidades con régimen especial. La iniciativa enfrenta además una discusión jurídica, porque el artículo 150 de la Constitución establece que las facultades extraordinarias deben ser solicitadas expresamente por el Gobierno y aprobadas por mayoría absoluta en ambas cámaras.
