La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre siete propiedades que pertenecerían al senador Édgar de Jesús Díaz Contreras, al actual gobernador de Norte de Santander William Villamizar Laguado y al contratista Pedro Antonio Silva Ruíz. Según las investigaciones, los inmuebles —avaluados en más de 3.390 millones de pesos— habrían sido adquiridos con recursos provenientes de presuntas irregularidades en un contrato para el suministro de materiales pétreos firmado entre 2009 y 2012, periodo en el que ambos políticos ocuparon la Gobernación del departamento.
El contrato en cuestión habría causado un posible detrimento patrimonial superior a los 3.700 millones de pesos. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio concluyó que existían fundamentos suficientes para considerar los bienes como producto directo o indirecto de actividades ilícitas.
