Una auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría General de la República reveló que solo fue posible revisar 58.000 millones de pesos de una muestra de 2.5 billones correspondientes a convenios suscritos por el Departamento para la Prosperidad Social entre 2020 y 2024. El órgano de control, señaló que no se pudo acceder a la información completa de la mayoría de los convenios, ya que Prosperidad Social indicó que los documentos requeridos no reposaban integralmente en sus archivos.
A pesar de las limitaciones, la Contraloría identificó 11 hallazgos con posible incidencia fiscal por 12.682 millones de pesos, entre ellos obras inconclusas y pagos por servicios no ejecutados. Los resultados fueron trasladados a la Fiscalía y la Procuraduría para que, dentro de sus competencias, inicien las investigaciones pertinentes. Además, la Contraloría General solicitó a los entes territoriales colaboración para reconstruir expedientes y avanzar en el control fiscal de los recursos públicos.
