El Gobierno activó un mecanismo que llevaba décadas sin uso y autorizó a la Agencia Nacional de Tierras a comprar, con prioridad, predios rurales en manos de entidades financieras para nutrir la Reforma Agraria. Con el nuevo decreto, los bancos deben reportar las tierras obtenidas por dación en pago o procesos judiciales, y la Agencia Nacional de Tierras podrá adquirirlas para destinarlas a campesinos y comunidades étnicas. La medida también invita a propietarios privados a ofrecer primero sus terrenos a la entidad, buscando agilizar la redistribución y ampliar el acceso a la propiedad rural.
