Tras el fracaso de la ley de financiamiento en el Congreso, el Ejecutivo optó por activar un estado de Emergencia Económica y Social con vigencia de 30 días, sustentado en la ausencia de recursos legales para cubrir un faltante cercano a 16,3 billones de pesos. La decisión quedó consignada en el decreto 1390 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, y abre la puerta a decretos con fuerza de ley que incluirían nuevos tributos y ajustes a impuestos existentes. Mientras el Gobierno calcula un recaudo adicional aproximado de 1,1 billones de pesos, persisten interrogantes jurídicos que deberán ser evaluados por la Corte Constitucional.
