Tras siete años de funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aún no ha emitido su primera sanción propia contra exintegrantes de las Farc o militares implicados en graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado. Aunque ya existen resoluciones de conclusión en casos como el de “falsos positivos” del Batallón La Popa y los secuestros atribuidos al antiguo secretariado de las Farc, el Tribunal de Paz no ha dictado sentencia, lo que ha despertado fuertes críticas desde distintos sectores jurídicos y políticos.
La falta de decisiones ha generado preocupación incluso en la Fiscalía General, que advirtió que las demoras podrían afectar el principio de verdad y obstaculizar el cierre judicial de casos penales. Críticos como el exministro Wilson Ruiz han calificado a la JEP como un “elefante blanco” que consume millonarios recursos públicos sin resultados, mientras que expertos como José Gregorio Hernández y Hernando Herrera insisten en que es urgente garantizar justicia efectiva y reparación para las víctimas.
