El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el Gobierno mantiene su respaldo a la reducción del gasto en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en medio del debate sobre el presupuesto de 2027. El funcionario afirmó que todas las entidades del Estado, incluidas las judiciales, deben recortar gastos que sean considerados superfluos o improductivos durante 2026 y 2027, ante la situación fiscal del país. La propuesta que está en discusión contempla reducir en 100 mil millones de pesos los recursos de funcionamiento de la JEP y trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura.
El debate enfrenta esta posición con las advertencias del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien ha señalado que una reducción presupuestal podría afectar el cierre de investigaciones, el monitoreo de sentencias y la atención a las víctimas. Para 2027, la JEP solicitó 947.642 millones de pesos, mientras el proyecto de presupuesto contempla 821 mil 803 millones, una diferencia de cerca de 125.839 millones. El Gobierno, por su parte, sostiene que la discusión presupuestal corresponde al Congreso y que aplicar medidas de austeridad no implica desconocer la independencia judicial ni los compromisos internacionales de Colombia.
