Con el propósito de prevenir riesgos en el acceso a vivienda, la Procuraduría General instó al Ministerio de Vivienda a ajustar el proyecto de decreto que modifica los topes de la Vivienda de Interés Social, VIS. El Ministerio Público advirtió la necesidad de reforzar la seguridad jurídica, el sustento económico con enfoque territorial, reglas claras de transición y una evaluación integral del impacto social. Aunque la medida busca mayor transparencia en los precios de la vivienda VIS, alertó que podría afectar la oferta de vivienda y la viabilidad de proyectos. Cabe mencionar que la intervención de la Procuraduría General se da en ejercicio de su función preventiva para garantizar decisiones sostenibles y con enfoque social.
