La Procuraduría General alertó sobre graves rezagos en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. En su séptimo informe ante el Congreso, advirtió que persisten fallas estructurales, baja ejecución presupuestal y falta de coordinación que ponen en riesgo la estabilidad del proceso.
El ente de control denunció que solo se ha adjudicado el 1,19 % de las tierras prometidas y que aún no hay garantías reales para la oposición, evidenciado por el magnicidio del senador Miguel Uribe. Pidió un plan de choque urgente con acciones concretas en los territorios más afectados por el conflicto.
