La Procuraduría General le exigió al exprocurador Alejandro Ordóñez devolver al Estado más de 1.674 millones de pesos, correspondientes al dinero que se pagó tras la anulación de una sanción que impuso a la fallecida senadora Piedad Córdoba en 2010. El conflicto se originó en la destitución e inhabilitación de Piedad Córdoba por supuestos vínculos con las Farc, pero el Consejo de Estado anuló la sanción al considerar inválidas las pruebas. Por esto, la Procuraduría General ahora busca recuperar el dinero de los salarios y prestaciones que la familia de la fallecida congresista Piedad Córdoba recibió tras la sentencia.
