La Procuraduría General pidió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo adoptar medidas para garantizar la atención integral de las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Tras realizar visitas en Risaralda, Quindío y Caldas, el Ministerio Público identificó dificultades en el registro de damnificados, la actualización del estado de las viviendas y la entrega de auxilios económicos. Entre las principales alertas está que el cierre del Registro Único de Damnificados dejó por fuera a familias de zonas rurales y territorios étnicos, mientras que las réplicas han generado nuevos daños que no pueden ser incorporados en las plataformas. Ante esta situación, la Procuraduría General solicitó reabrir de manera extraordinaria el registro y agilizar las ayudas, además de fortalecer la disponibilidad de ingenieros estructurales y maquinaria para atender la emergencia en los diferentes departamentos afectados.
