La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria para esclarecer presuntas irregularidades en un contrato de más de 3.700 millones de pesos destinado a la adquisición de drones para la Policía Nacional, suscrito en 2022. La actuación involucra a cuatro exfuncionarios del Fondo Rotatorio de la Policía y del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando, mientras la Procuraduría General verifica posibles fallas en la etapa precontractual, los criterios de selección del contratista y la supervisión de la ejecución del convenio que habrían derivado en un eventual incumplimiento contractual.
