La Procuraduría General de la Nación instó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, a entregar un informe detallado sobre las medidas tomadas tras la inundación ocurrida el 12 de marzo en el Complejo Carcelario de Ibagué.
La emergencia afectó principalmente la Reclusión de Mujeres, donde las aguas residuales regresaron a las áreas de sanidad y la guardería, perjudicando las condiciones de vida de las reclusas y sus hijos pequeños. El ente de control solicitó a la USPEC explicar las acciones implementadas para subsanar los daños y mitigar los riesgos en las instalaciones.
Además, la Procuraduría recordó las alertas previas sobre las deficiencias estructurales del centro, subrayando la importancia de mejorar la infraestructura y garantizar el bienestar tanto de las personas privadas de la libertad como de los menores que hacen uso de esos espacios.
