El Gobierno Nacional prepara una reforma al marco penal para que los ataques con drones utilizados con fines terroristas sean tipificados como delitos específicos y reciban sanciones más severas. La iniciativa, impulsada en articulación del Ministerio de Defensa y la Fiscalía, busca combatir el uso de estos dispositivos en atentados contra estaciones de Policía, unidades militares y población civil. Según cifras citadas por las autoridades, Antioquia registra 23 ataques con drones durante 2026. La propuesta contempla penas de hasta 30 años de prisión para quienes fabriquen, compren o transporten estos equipos con fines ilícitos, y hace parte del estatuto antiterrorista que el Gobierno llevará al Congreso. Sin embargo, el proyecto deberá surtir el trámite legislativo y su alcance será objeto de debate jurídico.
