La reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, busca recaudar 19 billones de pesos en 2026 mediante nuevos impuestos con fines correctivos, como los aplicados al carbono, plaguicidas, ruido y vapeadores. Aunque están orientados a mejorar la salud pública y el medioambiente, expertos advierten que su impacto recaudatorio sería limitado e incluso decreciente, lo que los convierte en una base poco sólida para una reforma de esta magnitud. Además, mal implementados, estos tributos podrían aumentar los costos para sectores estratégicos y trasladar ese impacto al consumidor final.
Tributaristas como Juan Riveira y Jorge Castelblanco coinciden en que el verdadero valor de estos impuestos debe ser regulatorio, no fiscal. Alertan que sin un diseño técnico riguroso y medidas complementarias, como programas de transición agrícola o campañas de prevención, los gravámenes podrían resultar regresivos, afectar la competitividad y alimentar la evasión.
