La Registraduría Nacional lanzó un proceso de contratación por 2,1 billones de pesos para organizar las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, con la posibilidad de que el contrato ascienda a 3,6 billones de pesos si hay segunda vuelta. La licitación, abierta a empresas nacionales e internacionales, busca garantizar transparencia y prevenir cuestionamientos, especialmente en medio de las críticas del Gobierno contra Thomas Greg & Sons, firma que ha manejado este tipo de contratos durante años.
El registrador Hernán Penagos pidió vigilancia de los entes de control y aseguró que esta vez el proceso se abrió con tiempo suficiente para que un nuevo operador, si resulta ganador, pueda asumir sin contratiempos. Mientras tanto, varios precandidatos presidenciales ya comenzaron a inscribir sus comités para la recolección de firmas, dando inicio a una campaña que promete estar marcada por el debate sobre la transparencia electoral y la confrontación política entre el Ejecutivo y la Registraduría.
