Fue presentado un proyecto de ley ante el Congreso de la República que busca mejorar las condiciones laborales de los contratistas, considerando aspectos como los precios, la prórroga del contrato y la remuneración.
La iniciativa propone un ajuste anual basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor, IPC, y plantea una política que garantice una mejor calidad de vida para los contratistas, en función del trabajo que desempeñan.
Además, el proyecto estableció la no modificación de las condiciones pactadas en el contrato, con el fin de fortalecer la estabilidad económica y la confianza del contratista. También busca sancionar a las empresas que permiten que los trabajadores laborar sin contrato formal durante los primeros meses del año, bajo la promesa de una futura renovación.
