En el marco del sexto debate del proyecto que permitiría el transfuguismo político, algunos senadores denunciaron la inclusión de un artículo que le quitaría al Consejo de Estado la competencia para sancionar la doble militancia. La medida trasladaría esa función a los partidos políticos, lo que ha generado críticas por un posible debilitamiento del control judicial.
Voces como la de la Senadora Angélica Lozano calificaron la propuesta como una “burla a la justicia”, al reducir la capacidad sancionatoria del Consejo de Estado frente a comportamientos irregulares de congresistas, alcaldes y gobernadores.
