La Corte Constitucional suspendió la intervención del gobierno de Gustavo Petro a la EPS Sanitas, ejecutada a través de la Superintendencia de Salud, que había comenzado en abril de 2024. La decisión dejó sin efecto la resolución que ordenaba la toma de posesión de la EPS, y revocó una sentencia de la Corte Suprema que había respaldado la medida. La Corte Constitucional también amparó el derecho al debido proceso de varias entidades involucradas en el caso, como la clínica Colsanitas y Keralty, que habían interpuesto una tutela contra la intervención.
Este conflicto surgió cuando la Superintendencia de Salud tomó control de EPS Sanitas debido al creciente número de quejas por el servicio, que aumentó de 15,070 a más de 19,000 en poco tiempo. El gobierno había extendido la intervención por otro año, pero la Corte Constitucional falló en su contra, citando la improcedencia de las decisiones judiciales previas que avalaron la medida.
