El Ministerio de Defensa ha introducido un nuevo protocolo de control sobre las armas utilizadas por las empresas de seguridad y vigilancia privada en Colombia, con el objetivo de prevenir su desvío hacia grupos criminales. Esta medida se da en el contexto de la desarticulación en marzo de un “holding criminal” compuesto por empresas que certificaban a miembros del Clan del Golfo como escoltas y les proporcionaban armas con licencias legales. El protocolo incluye tres medidas clave: el bloqueo de armas involucradas en investigaciones, la custodia preventiva bajo estrictas condiciones de seguridad y un seguimiento administrativo detallado hasta la resolución del proceso.
Estas nuevas directrices, implementadas en coordinación con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Departamento de Control de Armas de las Fuerzas Militares, tienen como objetivo fortalecer los controles y garantizar la transparencia en el sector. La medida surge tras la denuncia de una red de empresas de seguridad que alquilaba armas a organizaciones criminales y certificaba a delincuentes como escoltas.
