El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado con el propósito de proteger los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, en el marco del trámite relacionado con las Directrices de Ordenamiento Ambiental de la Sabana de Bogotá.
La tutela llama a que se tome una decisión judicial motivada, definitiva, oportuna y congruente con el alcance fijado por el Consejo de Estado sobre un instrumento clave para la seguridad hídrica de más de 10 millones de personas, especialmente en un contexto de creciente variabilidad climática y de alertas oficiales sobre el desarrollo de un fenómeno de El Niño fuerte o muy fuerte para 2026.
“Respetamos, pero manifestamos también nuestro desacuerdo con las acciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que mantiene la medida cautelar y la suspensión de los alineamientos de la sabana, los cuales buscan dar cumplimiento a la Ley 99 de 1993. En su artículo 61, esta ley ordenó al Ministerio de Ambiente expedir las disposiciones necesarias para la protección ambiental y el ordenamiento ecológico de la sabana de Bogotá como área de interés nacional” manifestó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez.
Dicha tutela responde a una preocupación institucional de fondo: una medida cautelar de carácter procedimental continúa produciendo efectos restrictivos sobre un instrumento ambiental estratégico, pese a que el Ministerio de Ambiente cumplió, documentó y puso en conocimiento del despacho judicial las actuaciones ordenadas. Mientras no se adopten las Directrices, la Sabana de Bogotá continúa sin un marco ambiental integral que oriente la protección de sus humedales, páramos, acuíferos, suelos rurales y demás ecosistemas estratégicos.
