La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en contra de Alfonso Manzur, exsuperintendente de Vigilancia, y a cincos funcionarios por presuntas irregularidades sobre permisos para empresas de seguridad y esquemas de seguridad, así como la entrega de licencias de funcionamiento de 18 empresas de vigilancia que no aparecían en el sistema de la superintendencia de vigilancia.
El ente control explicó que las licencias para empresas de seguridad expedidas por el ex superintendente, Alfonso Manzur, en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Neiva y Yopal fueron aprobadas en 24 horas, cuando el trámite se demora alrededor de un mes. Asimismo, la Procuraduría General abrió una investigación en contra de Olga Lucía Acosta, quien al parecer era la encargada de manejar los estados financieros de 8 de las 16 empresas de vigilancia implicadas en la aprobación irregular de licencias de funcionamiento.
